Madrid. Rumanos y búlgaros que residen en España ahora duermen más tranquilos. Más de medio millón de de este colectivo ya pueden solicitar un trabajo por cuenta ajena a partir del 1 de enero de 2009, pues ha concluido la moratoria que regía para los nacionales de estos dos países que desde el 2007 pertenecen a la Unión Europea.

La citada moratoria es un mecanismo contemplado en los tratados de adhesión de ambos Estados que permite al resto de países miembros aplicar un periodo transitorio a la libre circulación de trabajadores por cuenta ajena. Este plazo puede prolongarse hasta siete años en tres fases, la primera de las cuales debe durar dos años y para cuya renovación es preciso informar primero a la Comisión Europea. El Gobierno de España decidió el pasado 19 de diciembre omitir este trámite, dando por finalizadas así las restricciones.

Según los últimos datos actualizados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en España viven 143.035 búlgaros y unos 130.000 tienen entre 16 y 65 años de edad. Asimismo, el Gobierno ha computado 715.750 rumanos, de los que son unos 650.000 los que se encuentran en disposición de trabajar, conforme los cálculos de la embajada de Rumanía en España.

Fuentes consulares explicaron en declaraciones a Europa Press que el veinte por ciento de los inmigrantes rumanos está ya trabajando en calidad de autónomos y son "bastantes" los que tienen formalizado un contrato por cuenta ajena. Asimismo, la Embajada afirma que son numerosos los ciudadanos que han pedido información sobre la posibilidad de volver a Rumanía, dado el crecimiento económico que experimenta el país.

Este crecimiento fue la razón que impulsó al Gobierno de España a no renovar la moratoria laboral pues según explicó la vicepresidenta Primera, María Teresa Fernández de la Vega, "atendiendo a la situación en que se encuentra Rumanía y Bulgaría, los flujos migratorios es probable que a medio plazo se den un poco al revés".

Así, el Gobierno espera que "sean muchos rumanos y bulgaros que están actualmente en España los que tal vez tengan un interés de vuelta" en línea con las pretensiones de sus respectivos gobiernos, ambos inmersos en campañas para atraer a la población activa emigrada a Europa. Además, tal como matizó De la Vega, el Ejecutivo se reserva hacer "un balance" al cabo de seis meses para evaluar el impacto que la no renovación de la moratoria haya tenido sobre el mercado laboral español y en su caso, fijar nuevas restricciones.