En declaraciones a Europa Press, Rabasa manifestó que la situación está generando alarma y de hecho la Dirección General de los Registros y del Notariado "está esperando a que lleguen los recursos para revocar todas las resoluciones que están dictando, que son autos de concesión de nacionalidad que, ni se inscriben en el Registro Central, como es obligado, sino que se inscribe directamente la nacionalidad en el Registro de Córdoba, lo cual no es lícito".

Según dijo, se está llevando a cabo en un registro civil que no es competente porque para su tramitación se justifica en el hecho de que son apatridas y esa condición se tiene que reconcer por el Ministerio de Interior. Además, subrayó que estos ciudadanos "no están residiendo en España, la mayoría de ellos nunca han tenido la nacionalidad española y por tanto no se trata de una consolidación de lo que nunca han tenido, sino que, en su caso, podrían optar a través de otro tipo de expediente, que no se corresponde en absoluto con lo que está sucediendo en Córdoba".

Rabasa señaló que es el único registro en España que está concediendo la nacionalidad por el artículo 18 del Código Civil "y no es algo tan sencillo" como ayer manifestó el Defensor de la Ciudadanía de Córdoba, Francisco García-Calabrés, quien dijo que pedirá la intervención del Defensor del Pueblo Estatal, Enrique Múgica, si los registros civiles no tramitasen los expedientes de consolidación de nacionalidad de la población saharaui que cumpla con los requisitos legales.

Al respecto, aclaró que la Dirección General de los Registros y del Notariado "tiene la intención de revocar todas las resoluciones de concesión de nacionalidad porque no se puede consolidar la nacionalidad española por aplicación del artículo 18 por numerosos motivos de tipo legal".

Así, dijo que le llama la atención que "se haya producido ese llamamiento de forma pública, cuando la tendencia es la contraria, intentar cortar este fenómeno porque el principio, con independencia de razones puramente humanitarias, es que hay que aplicar la ley y desde este punto de vista, "la concesión de la nacionalidad española de forma directa por registro civil de carácter municipal es una barbaridad".

El juez decano informó además de que "la Fiscalía de Córdoba, en unión del Fiscal General del Estado, tiene intención de recurrir todos y cada uno de los expedientes de consolidación de nacionalidad española porque en su mayor parte nunca han sido españoles y viola la ley".

De este modo, explicó que hay intención de cortar esta situación porque "se puede generar un problema de orden público importante, ya que no sólo está llegando gente de fuera de Córdoba, como Canarias o Valencia, sino que también vienen desde el extranjero porque es el único registro en España que está concediendo la nacionalidad por el artículo 18 del Código Civil".

Así, subrayó que el Registro de Córdoba "está aplicando la Ley de dudosa corrección y se está produciendo un efecto llamada, por lo que hay sectores en los que se está generando cierta preocupación, como es el caso de la Fiscalía de Córdoba, que está estudiando las situaciones, una por una, para recurrir todas las que se han concedido y oponerse a todas las que se están tramitando".

A juicio de Rabasa, las declaraciones de García-Calabrés "es un llamamiento de punto de vista humanitario, que en el aspecto subjetivo y moral a lo mejor tiene su fundamento, pero legalmente no tiene ninguno".